Ponencia presentada el 1 de diciembre de 2023 en el Ciclo: Discapacidad, dictadura y derechos. A 40 años del regreso de la democracia en Argentina, cuarto encuentro: Alternativas hacia Políticas Públicas en Discapacidad en Argentina 1981-2023, organizado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).
Estar en situación de discapacidad es ser desempleado crónico, no contar ni con vivienda ni con transporte accesible, recibir una educación y atención de salud subestándar; resumiendo, encontrarse imposibilitado de satisfacer las necesidades básicas propias y del hogar. Esta realidad es estructural al capitalismo, sistema que nos ubica en el lugar de población trabajadora superflua, no explotable, y por ende no merecedora de políticas públicas habilitadoras de potencialidades ya que estas no se reconocen.
Notablemente, no poder satisfacer las necesidades básicas propias y del hogar es compartido por cerca de la mitad de la población trabajadora del país, esté ocupada o desocupada.
La última dictadura argentina fue preclara al derogar legislación de cupo laboral, de principios de los setenta, en los sectores público y privado. Los gobiernos democráticos dieron continuidad a esta política, a tal punto que, aun habiéndose aprobado legislación de cupo laboral restringido al sector público, tanto a nivel nacional como en varias provincias del país, esta sigue sin cumplirse.
En materia de accesibilidad en entornos construidos y en el transporte, hemos luchado para imponer legislación y en ocasiones políticas compensatorias, pero con limitado alcance y que han sufrido serios retrocesos tanto en lo legal como en su implementación. Vale destacar la ley 962 del 2002 mediante la cual modificamos el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires obligando a que toda nueva edificación fuese accesible. Desde su aprobación, el lobby de grandes emprendedores inmobiliarios ejerció presión eficaz sobre las autoridades de aplicación para desvirtuarlo. Gracias a aliados en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad pudimos neutralizarlos en ocasiones, hasta que la propia Defensoría desistió de cumplir con su mandato, convirtiéndose en cómplice de dicho lobby. Luego, bajo el gobierno de Rodríguez Larreta este código de edificación fue modificado a la medida de los grandes capitales inmobiliarios, negándonos buena parte de la accesibilidad que habíamos conseguido. Este retroceso en derechos ya había sido preanunciado por Mauricio Macri durante su campaña electoral a Jefe de Gobierno de la Ciudad.
El código de Larreta permite la construcción de edificios con departamentos inaccesibles y la habilitación de nuevos comercios también inaccesibles. Habiendo iniciado un juicio por la regresión en derechos y por inconstitucionalidad procesual, aún esperamos sentencia de un sistema judicial que dilata años y por ende permite que se siga construyendo de manera inaccesible. El recurso jurídico, esquivo e inoperante para las personas en situación de discapacidad, se demuestra funcional a los intereses del gran capital.
En materia de educación, la accesibilidad edilicia escolar viene mejorando en CABA, fundamentalmente en la educación pública. Aunque algunas instituciones educativas privadas incorporan pautas de accesibilidad, el estado no exige su cumplimiento taxativo, aun cuando en ellas se concentra la mitad de la matrícula y un importante sector, dependiente de la curia, recibe importantes subsidios estatales.
Las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos de CABA son cada vez peores. Estudios realizados por Rumbos, con la colaboración del Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Geografía de dicha Facultad, revelan la intransitabilidad de las veredas y cruces peatonales porteños y el riesgo de lesiones que esto representa para la población en su conjunto y especialmente para quienes cuentan con movilidad reducida. La Legislatura porteña ha ignorado nuestros reclamos, perpetuando un sistema por el cual los propietarios y no el Estado son responsables del estado de las veredas, como si fueran espacios privados y no de tránsito público. Cuando el poder ejecutivo se hace cargo de veredas y cruces peatonales, su construcción y mantenimiento procura el lucro de las empresas contratadas y no la calidad de las obras y la seguridad peatonal. Y cuando los peatones se lesionan, la justicia porteña ha comenzado a dictaminar a favor del gobierno y los frentistas, culpabilizando a los peatones por sus lesiones, como si las buscaran a propósito.
En materia de transporte urbano, los colectivos cuentan con rampa de acceso, pero ni las empresas ni el estado aseguran que puedan ser utilizadas por usuarios de sillas de ruedas o scooters, ya sea por falta de mantenimiento, ya sea porque los choferes se niegan a facilitar su uso al no acercarse a la vereda y al no asistir a dichos usuarios potenciales. En general, el transporte público interurbano no cuenta con unidades accesibles, y en el de media y larga distancia ni se ha tomado en cuenta el problema. Algo similar ocurre con aquellas estaciones de subte que cuentan con ascensores, cuyo funcionamiento jamás está garantizado. Por ende, el transporte público, ya sea para ir a estudiar, trabajar, visitar familiares o amigos, o inclusive para llegar a un hospital o ir al cine, no está disponible de manera confiable para personas en situación de discapacidad.
El discurso de la inclusión choca con la realidad cotidiana. No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país.
Los planes nacionales y provinciales de vivienda social establecen cupos arbitrarios y escasos de viviendas accesibles sin tomar en cuenta que la discapacidad puede aparecer en cualquier momento de la vida, tornando al resto de las viviendas en inaccesibles, no solo para sus habitantes sino para quien contando con una limitación motora quisiera visitarlos.
En materia de salud, la ley nacional (24.901) que obliga a brindar atención a personas en situación de discapacidad adolece de sistemáticos incumplimientos por parte de las empresas de medicina privada e inclusive de las obras sociales. El acceso a las prestaciones exige contar con un certificado de discapacidad (con el que cuenta solo tres de cada diez personas en situación de discapacidad); pero aun teniéndolo hay que recurrir a la justicia para hacerlo valer. En el proceso, la atención se escamotea y demora con efectos aún más nocivos para la salud. Esta desatención, agudizada en pandemia, coincide con el desfinanciamiento sistemático de la salud pública y la tendencia hacia su privatización estimulada desde el Estado.
Vale subrayar que el sistema de tercerización de prestaciones, por ejemplo en internación o atención domiciliaria, y en muchos casos con reintegro a las familias, pone la carga financiera sobre las familias y no garantiza las prestaciones multidisciplinarias por la crónica desactualización en los nomencladores.
Previo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad existían las Normas Uniformes de la ONU sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad desde fines de 1993, normas que claramente estipulaban lo que los Estados debían hacer. Treinta años después seguimos en las mismas, con una diferencia: la temática está en agenda, se cuela en los discursos políticos que declaman estar en deuda con el sector, pero en los hechos resultan en promesas incumplidas.
En las últimas elecciones presidenciales, el candidato electo adelantó su política de fuertes recortes. El candidato oficialista aludió a la problemática, y a último momento instrumentó algunos decretos para intentar ganarse nuestra adhesión, evidenciando que como ministro de economía no hizo lo que correspondía. No fue electo. Pero de haberlo sido, ¿hubiera cumplido? Lo dudo. ¿Por qué?
Porque su política económica se centraba en cumplir con los mandatos del FMI que prioriza el pago de la deuda externa, para lo cual exige austeridad fiscal, recorte en gastos sociales, incluyendo los previsionales, o sea jubilatorios, y los destinables a discapacidad, además de flexibilización y precarización laboral, entre otras medidas. Implementar esta política ahora le toca al presidente electo. Y ya dijo que será sin gradualismo, sin tibieza. Nos espera una brutal devaluación y ataque a todas las conquistas laborales y previsionales que aún siguen en pie.
En este contexto, tengamos presente que llegamos a esta nueva gestión sin que la actual haya reemplazado la legislación en discapacidad de la época de la dictadura por una nueva ley elaborada con el supuesto aporte de las organizaciones de personas con discapacidad. Sobró tiempo para presentarla y debatirla en el congreso, pero faltó voluntad política. Otra promesa incumplida. Más aun, el compromiso declamado por el actual director ejecutivo de ANDIS de presentar ante el parlamento una ley de cupo laboral en el sector privado, formulado un par de años antes de haber asumido este cargo, quedó en el olvido, ahorrándole al nuevo gobierno hacer lo que hizo la dictadura con la ley de UNSEL (Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado) de 1974, a saber, derogarla.
Y al no ser ley, el decreto que permite trabajar teniendo una pensión será fácilmente revocado.
Hoy, nos encontramos ante un escenario político aparentemente novedoso, pero en verdad recordatorio de gestiones anteriores. Nos espera un combo de lo que fueron las políticas públicas de la dictadura, del menemismo y del macrismo, pero recargadas. Los derechos sociales, económicos, políticos y humanos sufrirán un brutal retroceso bajo la tutela de un gobierno cuyos intereses de clase serán los del capital financiero especulativo internacional y nacional, sumado a los grandes capitales de las industrias agro y minero exportadoras y de especulación inmobiliaria, y desde ya en total sintonía con los mandatos del FMI. Y tal como ha enunciado el presidente electo, quien se oponga a dichos intereses será reprimido.
Desde ya que las políticas públicas que venimos reclamando históricamente serán descartadas, con aun más fuerza que en el pasado. Y quienes, perteneciendo a la clase trabajadora, votaron por este gobierno, prontamente descubrirán que sus políticas los hundirán aún más en la más abyecta miseria.
Ante este panorama, no queda otra que seguir luchando. Pero no aislados, no fragmentados por patologías, temáticas o identidades, sino enarbolando consignas que reflejen nuestra realidad, en sus aspectos más centrales. Tenemos que luchar con consignas a ser compartidas por quienes ya viven en condiciones de pobreza, teniendo o no empleo, y por quienes se irán sumando producto de las políticas que la clase capitalista seguirá instrumentando vía el gobierno de turno. Pienso en:
Trabajo estable y remunerado con un ingreso no inferior a la canasta familiar (cumpliendo en nuestro caso con el cupo laboral previsto en la ley y ampliar dicho cupo al sector privado). No permitir que se despida cuando la productividad decaiga por enfermedad o lesión. Incorporar estos criterios en los convenios colectivos de trabajo. Pensiones y jubilaciones al 85% móvil.
Accesibilidad en toda vivienda (incluyendo las sociales), medios de transporte, instituciones educativas públicas y privadas, edificios públicos, comercios y lugares de trabajo.
Un Sistema Universal de Salud Pública Gratuita que atienda las necesidades de salud preventiva, curativa y de rehabilitación de la población en su conjunto, reemplazando el sistema actual basado en prepagas y obras sociales. Mientras tanto, asegurar que las prestaciones médicas y de rehabilitación se brinden a toda persona que las precise sin requerir para ello el certificado de discapacidad. Actualizar los nomencladores.
Asegurar que las personas en situación de discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para desarrollar su vida diaria, sea en el hogar, la escuela, el trabajo (me refiero a asistencia personal, atención médica, equipamiento, medicamentos, sondas, pañales y otros suministros).
Asegurar condiciones de trabajo saludables, condiciones de producción industrial y agrarias y logísticas no-contaminantes; reimponer la jornada laboral de 8 horas, y de 6 horas para quienes realizan trabajos insalubres, y efectivizar en planta permanente a trabajadores tercerizados y contratados por fuera de las paritarias. Erradicar el trabajo infantil que es un agravante de las condiciones para “discapacitar”.
¡La lucha continúa!
Ir al video completo del cuarto encuentro (con subtítulos e intérprete lengua de señas).
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