Locales

Nuevamente, se reclama por el incumplimiento del proceso de participación ciudadana y violaciones al derecho a la accesibilidad que impactan en la vida de las personas en situación de discapacidad (circulación peatonal, circulación vertical en los edificios y permanencia prolongada en cualquier actividad) sin tomar en cuenta la diversidad de necesidades y de lugares de uso.

Se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en tanto instrumento jurídico con rango constitucional en el país que establece pautas que conciernen no sólo a la accesibilidad, sino a los procesos participativos de las personas en situación de discapacidad. Se caracterizan falencias y transgresiones al carácter democrático de los procesos legislativos en CABA, respecto de su participación en la discusión y elaboración de políticas públicas que las afecten en su vida cotidiana.

Acción de amparo reclamando declaración de inconstitucionalidad del Código de Edificación CABA. Se denuncia incumplimiento del proceso de participación ciudadana y se impugnan artículos que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad en cuestiones esenciales (sanitarios, veredas, ascensores y viviendas). Se suman a esta acción 15 organizaciones de personas en situación de discapacidad, de Derechos Humanos y vinculadas a la temática; el Ministerio Público Tutelar; y 37 personalidades destacadas, especialistas en discapacidad y adultos mayores, consejeros comunales, legisladores, y personas afectadas por el Código.

Se denuncia una política urbana y edilicia reñida con el Plan Urbano Ambiental y las Constituciones de Ciudad de Buenos Aires y Nación; su incidencia negativa en la vida de los habitantes y efectos expulsivos de la población trabajadora más pobre y vulnerable; el rol jugado por la Legislatura Porteña al representar los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios; los simulacros de escucha en audiencias públicas y la demagogia mediante la cual se incorporan algunos puntos reclamados desde Rumbos, omitiendo otros con graves consecuencias para la inclusión física y social de personas en situación de discapacidad. 

Fe de errata: en la nota al pie n°4, donde dice "Ibidem", debe decir: "Por un Código de Edificación inclusivo".

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Esta ponencia hace foco en la gestión ciudadana que impulsó e hizo posible la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 962 del 2003 de modificación del Código de Edificación CABA, tomando en cuenta la diversidad de los habitantes, incorporando integralmente, a tal fin, pautas de accesibilidad. En dicha gestión confluyeron organizaciones sociales, profesionales del diseño y legisladores. 

Propone principios fundantes a ser respetados en la redacción del Código de Edificación CABA pertinentes, entre otros, a accesibilidad, asegurando su presencia en el cuerpo de la ley y extremando criterios para brindarla en edificios existentes. Propone criterios referidos a accesibilidad en veredas, edificios con concurrencia de público, zonas comunes en propiedad horizontal, vivienda, escuelas y puestos de trabajo y, para todos los usos, en ascensores y baños.

Propone principios básicos pertinentes a accesibilidad para las normas de construcción para edificios nuevos y edificios existentes que merecen ser impulsados y defendidos, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Plantea criterios referidos a accesibilidad en veredas, edificios con concurrencia de público, zonas comunes en propiedad horizontal, vivienda, escuelas y puestos de trabajo y, para todos los usos, en ascensores y baños.

Avalado por 13 organizaciones de la sociedad civil, este proyecto propone un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas en CABA que, para las etapas de diseño y planificación, incorpora a organizaciones de personas en situación de discapacidad y, en la etapa de control, a las Comunas y sus respectivas entidades vecinales. Fija criterios de accesibilidad y seguridad necesarios, tanto en el diseño de los cruces peatonales como en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable. Subraya que el Estado es el propietario de la vereda, ya que es parte del espacio público, y es el responsable de su construcción y mantenimiento.