Aportes a normativas

Acorde a las obligaciones de derechos humanos en cabeza del Estado argentino dispuestas por la Convención sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad, advertimos la persistencia de barreras estructurales, incumplimientos en materia de derechos de las personas en situación de discapacidad, así como la persistente discriminación y exclusión en perjuicio de ellas.

Aborda la problemática de la accesibilidad en el campo de los derechos, la legislación y la justicia, contextualizando los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Analiza por qué no se ha logrado un hábitat accesible en un país que cuenta con abundantes y avanzadas normativas. Para su comprensión, explica cuál es el rol del espacio físico en el desarrollo humano y en qué consisten las interrelaciones entre ambos.

Nuevamente, se reclama por el incumplimiento del proceso de participación ciudadana y violaciones al derecho a la accesibilidad que impactan en la vida de las personas en situación de discapacidad (circulación peatonal, circulación vertical en los edificios y permanencia prolongada en cualquier actividad) sin tomar en cuenta la diversidad de necesidades y de lugares de uso.

Se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en tanto instrumento jurídico con rango constitucional en el país que establece pautas que conciernen no sólo a la accesibilidad, sino a los procesos participativos de las personas en situación de discapacidad. Se caracterizan falencias y transgresiones al carácter democrático de los procesos legislativos en CABA, respecto de su participación en la discusión y elaboración de políticas públicas que las afecten en su vida cotidiana.

Acción de amparo reclamando declaración de inconstitucionalidad del Código de Edificación CABA. Se denuncia incumplimiento del proceso de participación ciudadana y se impugnan artículos que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad en cuestiones esenciales (sanitarios, veredas, ascensores y viviendas). Se suman a esta acción 15 organizaciones de personas en situación de discapacidad, de Derechos Humanos y vinculadas a la temática; el Ministerio Público Tutelar; y 37 personalidades destacadas, especialistas en discapacidad y adultos mayores, consejeros comunales, legisladores, y personas afectadas por el Código.

Se denuncia una política urbana y edilicia reñida con el Plan Urbano Ambiental y las Constituciones de Ciudad de Buenos Aires y Nación; su incidencia negativa en la vida de los habitantes y efectos expulsivos de la población trabajadora más pobre y vulnerable; el rol jugado por la Legislatura Porteña al representar los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios; los simulacros de escucha en audiencias públicas y la demagogia mediante la cual se incorporan algunos puntos reclamados desde Rumbos, omitiendo otros con graves consecuencias para la inclusión física y social de personas en situación de discapacidad. 

Fe de errata: en la nota al pie n°4, donde dice "Ibidem", debe decir: "Por un Código de Edificación inclusivo".

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Esta ponencia hace foco en la gestión ciudadana que impulsó e hizo posible la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 962 del 2003 de modificación del Código de Edificación CABA, tomando en cuenta la diversidad de los habitantes, incorporando integralmente, a tal fin, pautas de accesibilidad. En dicha gestión confluyeron organizaciones sociales, profesionales del diseño y legisladores. 

Propone principios fundantes a ser respetados en la redacción del Código de Edificación CABA pertinentes, entre otros, a accesibilidad, asegurando su presencia en el cuerpo de la ley y extremando criterios para brindarla en edificios existentes. Propone criterios referidos a accesibilidad en veredas, edificios con concurrencia de público, zonas comunes en propiedad horizontal, vivienda, escuelas y puestos de trabajo y, para todos los usos, en ascensores y baños.

Propone principios básicos pertinentes a accesibilidad para las normas de construcción para edificios nuevos y edificios existentes que merecen ser impulsados y defendidos, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Plantea criterios referidos a accesibilidad en veredas, edificios con concurrencia de público, zonas comunes en propiedad horizontal, vivienda, escuelas y puestos de trabajo y, para todos los usos, en ascensores y baños.

Avalado por 13 organizaciones de la sociedad civil, este proyecto propone un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas en CABA que, para las etapas de diseño y planificación, incorpora a organizaciones de personas en situación de discapacidad y, en la etapa de control, a las Comunas y sus respectivas entidades vecinales. Fija criterios de accesibilidad y seguridad necesarios, tanto en el diseño de los cruces peatonales como en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable. Subraya que el Estado es el propietario de la vereda, ya que es parte del espacio público, y es el responsable de su construcción y mantenimiento.

La nueva Ley debiera expresar que el principio de autonomía rige para aspectos de la vida diaria que hoy en día se presentan como barreras al goce de otros derechos fundamentales. En tanto la accesibilidad constituye una llave al acceso a dichos derechos la Ley debiera fijar estándares de accesibilidad imprescindibles e inderogables que rijan uniformemente en todo el territorio nacional. Sin invadir esferas provinciales y municipales, debe reafirmarse la responsabilidad del Estado como garante de este principio y derecho. Se incluye una propuesta normativa sobre accesibilidad al entorno físico y al transporte.

Solicitudes de acceso a la información pública sobre las actuaciones e integrantes del Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley 24314 en los últimos dos años. 

La respuesta de la Dirección de Accesibilidad, a ambas solicitudes, fue que en el periodo referido este organismo no ha sido convocado a participar de dicho Comité.